Fuente: puntal.com.ar
El nuevo sistema fue anunciado por la Presidenta “para terminar con
los fraudes”. Según afirmó, no sólo hay “un tema de corrupción”, sino
que se viene “traficando con la enfermedad”. El rol de la ANMAT
La presidenta Cristina Fernández anunció ayer que se
implementarán estampillas del ANMAT en los medicamentos, en
reemplazo de los habituales troqueles, para terminar con los
"fraudes" en las obras sociales, por los que hay una megacausa
abierta y denuncias de última hora.
De este modo, la jefa de Estado volvió a zambullirse en el tema que más fricciones le genera con el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien reclama el reintegro de fondos retenidos por el Gobierno a las obras sociales por tratamientos no prestados.
La mandataria consideró que "no es sólo un tema de corrupción" sino que permite "traficar con la enfermedad", por lo que propuso que el nuevo "sistema de estampilla" sea una "obligación" establecida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
Cristina confirmó la medida luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) anunció la presentación de un nuevo informe con irregularidades en los tratamientos de alta complejidad que prestan las obras sociales, que se suman a la investigación que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide conocida como la causa por "la mafia de los medicamentos”.
Lapidario informe de la AGN
Según trascendió, el informe de la AGN tiene confirmadas irregularidades como: existencia de prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, entre otras. Incluso, hace algunos días, la jefa de Estado había designado al frente de la Administración de Programas Especiales (APE), que distribuye subsidios entre las obras sociales, a una ultra kirchnerista como Beatriz Korenfeld, para eliminar cualquier influencia sobre esos fondos del jefe de la CGT, ejercida a través de funcionarios de segunda línea.
Korenfeld estuvo durante más de 10 años al frente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, adonde regresó en diciembre, después de un intervalo como diputada nacional, aunque dejó el cargo cuando un sector del kirchnerismo conducido por Máximo Kirchner vació la gobernación de Daniel Peralta por la racionalización dispuesta en la provincia.
La APE se encuentra ahora dentro de la Superintendencia de Salud para repartir las compensaciones a las obras sociales por las prestaciones de alto costo como tratamientos de HIV, cáncer y cirugías de alta complejidad, entre otras.
Cristina instruyó al ministro de Salud, Juan Manzur, a que active las medidas necesarias para implementar las estampillas, al encabezar la inauguración de la planta de la firma Fada Pharma en Pilar, donde se producirán quince tipos de remedios oncológicos.
Ahora, nada de excusas
"Vamos a trabajar con este sistema, y no me vengan con que no se puede", agregó al poner como ejemplo la metodología que aplican en la firma que dejó inaugurada en Pilar, junto al gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Tras felicitar a los empresarios chilenos por haber "establecido ese sistema" -de estampillas-, Cristina adelantó que va a "tratar de hacer de ahora en más para todos los laboratorios y para todos los medicamentos". "Y que no vengan después con que es muy difícil porque se puede lograr; una estampilla es mucho más fácil que un troquel", desafió la jefa de Estado.
Luego de haber recorrido el establecimiento, la Presidenta dijo: "vi recién aquí que no utilizan el sistema de troquel, se utiliza el sistema de estampilla que se pega a la caja, con lo cual no se puede volver a utilizar porque se rompe, así que vamos a ver si lo podemos establecer como obligación de la ANMAT, no el troquel sino la estampilla, para dar una vuelta más en torno a la seguridad de los medicamentos". De inmediato, admitió que la idea se la dieron los empresarios, tras referirse a "la historia famosa de los troqueles, que se cortan -la saben todos- y sirven para estafar, para defraudar, para falsificar o para las cosas que hemos conocido".
El anuncio se da en un nuevo tiempo político en el que quedó rota la alianza que el Gobierno formó con Moyano, quien precisamente esgrime la falta de reintegro de fondos a las obras sociales como causal de la pelea.
Más allá de los cambios a nivel gubernamental, la Justicia mantiene la investigación por la causa de los "medicamentos truchos", en la que están procesados en libertad al titular de la obra social La Bancaria Juan José Zanola, su pareja y también ex directora administrativa del Policlínico Bancario, Paula Aballay; la de la ex segunda de ésta, Susana Fionna; y la de los empresarios Néstor Lorenzo e Ibar Esteban Pérez Corradi.
La megacausa
Esta megacausa que involucra a unas 80 obras sociales está a la espera ahora de que el juez federal firme la elevación a juicio oral y público, con una gran cantidad de imputados y hechos referidos a la comercialización de medicamentos truchos o adulterados, además de defraudación al Estado por presentación de troqueles falsos para obtener reembolsos por tratamientos de salud complejos que la obra social brindaba a sus afiliados.
Lorenzo está imputado como jefe de una asociación ilícita, y la droguería "San Javier" -de la cual es titular- era la mayor proveedora de fármacos a la obra social de La Bancaria y fue vinculado con aportes dudosos a la campaña kirchnerista de 2007 que consagró a Cristina como Presidenta.
De este modo, la jefa de Estado volvió a zambullirse en el tema que más fricciones le genera con el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien reclama el reintegro de fondos retenidos por el Gobierno a las obras sociales por tratamientos no prestados.
La mandataria consideró que "no es sólo un tema de corrupción" sino que permite "traficar con la enfermedad", por lo que propuso que el nuevo "sistema de estampilla" sea una "obligación" establecida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
Cristina confirmó la medida luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) anunció la presentación de un nuevo informe con irregularidades en los tratamientos de alta complejidad que prestan las obras sociales, que se suman a la investigación que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide conocida como la causa por "la mafia de los medicamentos”.
Lapidario informe de la AGN
Según trascendió, el informe de la AGN tiene confirmadas irregularidades como: existencia de prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, entre otras. Incluso, hace algunos días, la jefa de Estado había designado al frente de la Administración de Programas Especiales (APE), que distribuye subsidios entre las obras sociales, a una ultra kirchnerista como Beatriz Korenfeld, para eliminar cualquier influencia sobre esos fondos del jefe de la CGT, ejercida a través de funcionarios de segunda línea.
Korenfeld estuvo durante más de 10 años al frente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, adonde regresó en diciembre, después de un intervalo como diputada nacional, aunque dejó el cargo cuando un sector del kirchnerismo conducido por Máximo Kirchner vació la gobernación de Daniel Peralta por la racionalización dispuesta en la provincia.
La APE se encuentra ahora dentro de la Superintendencia de Salud para repartir las compensaciones a las obras sociales por las prestaciones de alto costo como tratamientos de HIV, cáncer y cirugías de alta complejidad, entre otras.
Cristina instruyó al ministro de Salud, Juan Manzur, a que active las medidas necesarias para implementar las estampillas, al encabezar la inauguración de la planta de la firma Fada Pharma en Pilar, donde se producirán quince tipos de remedios oncológicos.
Ahora, nada de excusas
"Vamos a trabajar con este sistema, y no me vengan con que no se puede", agregó al poner como ejemplo la metodología que aplican en la firma que dejó inaugurada en Pilar, junto al gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Tras felicitar a los empresarios chilenos por haber "establecido ese sistema" -de estampillas-, Cristina adelantó que va a "tratar de hacer de ahora en más para todos los laboratorios y para todos los medicamentos". "Y que no vengan después con que es muy difícil porque se puede lograr; una estampilla es mucho más fácil que un troquel", desafió la jefa de Estado.
Luego de haber recorrido el establecimiento, la Presidenta dijo: "vi recién aquí que no utilizan el sistema de troquel, se utiliza el sistema de estampilla que se pega a la caja, con lo cual no se puede volver a utilizar porque se rompe, así que vamos a ver si lo podemos establecer como obligación de la ANMAT, no el troquel sino la estampilla, para dar una vuelta más en torno a la seguridad de los medicamentos". De inmediato, admitió que la idea se la dieron los empresarios, tras referirse a "la historia famosa de los troqueles, que se cortan -la saben todos- y sirven para estafar, para defraudar, para falsificar o para las cosas que hemos conocido".
El anuncio se da en un nuevo tiempo político en el que quedó rota la alianza que el Gobierno formó con Moyano, quien precisamente esgrime la falta de reintegro de fondos a las obras sociales como causal de la pelea.
Más allá de los cambios a nivel gubernamental, la Justicia mantiene la investigación por la causa de los "medicamentos truchos", en la que están procesados en libertad al titular de la obra social La Bancaria Juan José Zanola, su pareja y también ex directora administrativa del Policlínico Bancario, Paula Aballay; la de la ex segunda de ésta, Susana Fionna; y la de los empresarios Néstor Lorenzo e Ibar Esteban Pérez Corradi.
La megacausa
Esta megacausa que involucra a unas 80 obras sociales está a la espera ahora de que el juez federal firme la elevación a juicio oral y público, con una gran cantidad de imputados y hechos referidos a la comercialización de medicamentos truchos o adulterados, además de defraudación al Estado por presentación de troqueles falsos para obtener reembolsos por tratamientos de salud complejos que la obra social brindaba a sus afiliados.
Lorenzo está imputado como jefe de una asociación ilícita, y la droguería "San Javier" -de la cual es titular- era la mayor proveedora de fármacos a la obra social de La Bancaria y fue vinculado con aportes dudosos a la campaña kirchnerista de 2007 que consagró a Cristina como Presidenta.
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