Fuente: www.semana.com
Los vacíos del sistema de salud facilitan el defraude permanente al Estado. Así lo afirmó el vicefiscal Juan Carlos Forero, quien reveló que el ente de control realiza investigaciones de 543 casos de corrupción relacionados con medicamentos, que se suman a las 157 relacionadas con ilícitos cometidos desde la administración pública con nexos en salud.
Las cifras fueron reveladas durante el corte de cuentas que el Gobierno hizo este jueves ante la Corte Constitucional, tres años después de promulgarse la sentencia T-760 del 2008, conocida como la 'supertutela de la salud', que obliga al Estado a tomar decisiones para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.
Forero reconoció que ante la magnitud de las irregularidades en el sector, la Fiscalía capacitó a sus funcionarios en los diversos tipos de delitos que han detectado como la entrega de documentos falsos al FOSYGA para hacer recobros o a jueces para ganar tutelas a favor de personas que no están vivas, que nunca estuvieron afiliadas al sistema o que sencillamente no recibieron el servicio, ni el medicamento o tratamiento.
Hay casos de tutelas en las que se encontró el suministro del mismo tratamiento a varias personas que tienen enfermedades distintas, o se hacen efectivas sentencias 15 días antes de que sea promulgada por el juez, denunció la Fiscalía.
El vicefiscal hizo referencia a delitos como la creación de clínicas y hospitales de papel como parte de la cadena de irregularidades que buscan sacar provecho de los recursos públicos. Esta denuncia fue hecha hace dos meses por la Policía Nacional, institución que ha acompañado a la Fiscalía en sus investigaciones.
En materia de recobros, explicó Forero, no hay forma de verificar que la EPS haya pagado el monto que aparece en las facturas que presenta ante el FOSYGA y que espera le sea reembolsado. Tampoco existen los mecanismos para corroborar si ese medicamento, examen o tratamiento no-POS por el cual se está haciendo el recobro, en realidad lo recibió el paciente.
Esta deficiencia, para la Fiscalía, está asociada con la ausencia de una base de datos robusta, uno de los grandes problemas que tiene el sector y que el Gobierno reconoce. “Hay personas que están vivas en unas bases de datos, pero muertas en otras. En este país se enferman más los muertos, que además suelen tener enfermedades más graves y costosas”, dijo con ironía el vicefiscal.
Bases de datos son un monopolio de EPS e IPS: Contraloría
La advertencia sobre las bases de datos coincidió con la que hizo la contralora general, Sandra Morelli, quien advirtió que la información de los afiliados al sistema debe ser competencia del Gobierno y de la Superintendencia Nacional de Salud y no un “monopolio fragmentado de cada EPS, IPS (clínicas y hospitales) y diferentes actores del sistema”.
Solucionar este problema es para la Contraloría el primer paso que debe hacer el Gobierno. Que el gobierno tenga el control de la lista de afiliados (hoy propiedad de las aseguradoras e instituciones prestadoras), ayudará, por ejemplo, a detectar los casos de personas muertas que en el sistema siguen vivas y evitar la doble afiliación.
“Sólo así se podrá identificar las situaciones irregulares que generan sobrecostos (al Estado) e ingresos que nadie ha verificado en donde se quedan y que deben ser devueltos. Si alguien murió y se siguen haciendo aportes por esa persona, ¿dónde está ese dinero? Si hubo un recobro por una tutela, pero la persona murió, ¿cómo saber si tuvo acceso al tratamiento o medicamento? Hay que tomar medidas puntuales y concretas, de lo contrario no podremos establecer cuál es la verdadera dimensión del censo de usuarios del sistema”, aseguró la Contralora.
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, reconoció que el problema de los sistemas de información es peor de lo que imaginaba hace algunos meses. Resaltó que entre los proyectos para este año está el de cruzar la base de datos del sistema de salud con la que tiene la Registraduría General de la Nación.
Recomendó que los modelos fiduciarios deben garantizar la transparencia y la administración de los recursos públicos. En este sentido, invitó a hacer un análisis del papel que desempeña el FOSYGA, cuyo funcionamiento cuesta al año 60.000 millones de pesos. “Es un costo excesivo y de verdad hay que mirar si da un valor agregado”, agregó Morelli.
También destacó que el riesgo que hoy asumen las aseguradoras es mínimo. Con el abuso en los recobros, quedó demostrado que es el Estado el que finalmente ha asumido los riesgos en la atención de los pacientes, responsabilidad que en principio debería ser compartida con las EPS
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