Fuente: ncn.com.ar
La media sanción del proyecto que propone declarar de interés nacional la investigación, producción y distribución pública de medicamentos llegaría al recinto de la Cámara alta el primero de junio. Así lo afirmó el senador José Manuel Cano (UCR), presidente de la Comisión de Salud y Deporte, en dialogo con NCN.
Aunque el dictamen todavía se está firmando –según fuentes parlamentarias, sólo le resta una rúbrica para conseguir la mayoría- el radical sostuvo que hay un acuerdo “unánime” para su tratamiento y que el próximo miércoles se buscará incorporarlo en Labor Parlamentaria para que llegue al recinto junto a la iniciativa que protege a los trasplantados.
Desde Tucumán, donde se encuentra cerrando las listas electorales para su candidatura a gobernador, Cano destacó que de aprobarse el proyecto “los medicamentos serán considerados como un bien social” y que significará una “importante reducción” en los costos de los remedios, especialmente aquellos distribuidos en el plan nacional Remediar. Además, resaltó el impulso que se le dará a la investigación y desarrollo de los medicamentos huérfanos, o sea, aquellos que el mercado rechaza por su baja rentabilidad.
En el Senado, el proyecto comenzó a tratarse el pasado 10 de mayo en la comisión de Salud. Aquel martes se recibió a un grupo de especialistas e integrantes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos con el objetivo de escuchar su postura sobre el texto que Diputados aprobó por unanimidad el 16 de marzo.
Entre otros expositores, Martín Isturiz, investigador superior del CONICET y miembro de un colectivo de políticas de Estado en ciencia y tecnología, informó que existen 39 laboratorios de producción pública en todo el país, localizados en 13 provincias -12 provincias y Capital Federal-.
“En la Argentina no se hace síntesis de medicamentos, sino compra y posterior elaboración. El hecho de incorporar universidades y organismos de ciencia y técnica es la posibilidad del Estado como fortaleza si uno tiene una concepción estratégica de lo que es la producción pública de medicamentos”, sostuvo Isturiz en la comisión, según consigna la versión taquigráfica a la que tuvo acceso este medio.
Por su parte, Patricio de Urraza, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, destacó que se trata de una cuestión de “soberanía”.
“El programa Remediar, que se creó en la crisis de 2001-2002 en la gestión de Ginés González García, pasó a dar respuesta a lo que tenía que ver con provisión pública destinada a unidades sanitarias y centros de salud. Pero recae sobre financiación internacional, sobre financiación BID. Entonces, el hecho de aprobar una ley y avanzar en tratar de que el Programa Remediar sea cubierto por los laboratorios y por una red de laboratorios de producción pública es ejercer soberanía”, justificó de Urraza.
Asimismo, Ricardo Saad, comentó su experiencia al mando del Laboratorio Público de Medicamentos de la Provincia de Río Negro. “En estos 22 o 23 años hemos estado produciendo 41 productos que están disponibles en cada uno de los hospitales y centros de salud. Hemos logrado abarcar muchas de las patologías básicas del primer nivel y también atender algunas patologías que han sido algunos medicamentos huérfanos”, comentó el rionegrino.
En tanto, Daniel Gollan, ex sub-interventor de la ANMAT y miembro de la Red Nacional de Laboratorios Públicos, desmitificó algunas cuestiones con respecto a la producción de medicamentos local: “Se dice que lo que produce el Estado es de mala calidad. Eso es absolutamente falso. Yo fui dos años y medio sub-interventor de la ANMAT, y las normas exigibles a todos los laboratorios son exactamente iguales, no hay diferencia”.
Gonzalo Moyano, coordinador de la Red de Medicamentos de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, dijo que el surgimiento de los laboratorios públicos se debió a las circunstancias de crisis que vivió nuestro país.
Al respecto, citó el ejemplo de la falta de Factor 8, un medicamento para la hemofilia que en 2002 se convirtió de imposible acceso por el salto del dólar. Y, a partir de ese momento, se empezó a producir en el Laboratorio Público de Córdoba, “que ahora está exportando a buena parte de América Latina y que provee toda la necesidad que hay en la Argentina a un precio absolutamente razonable”, según relató Moyano.
Asimismo, denunció que actualmente “hay dos millones y medio de personas que no reciben la medicación para el Chagas”, debido a que la industria privada no los produce porque no es “negocio”.
Finalmente, en la reunión de comisión, se destacó el papel de Hemoderivados Córdoba, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba -se estima que factura más de 70 millones de pesos- y de Laboratorios Puntanos de San Luis, en el que trabajan 110 personas de “excelente” nivel. 
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