Fuente: www.ncn.gov.ar
La Comisión de Salud del Senado debatió hoy un proyecto para regular las investigaciones biomédicas que utilicen a personas para experimentar, pero como la mayoría de los senadores no pudieron asistir por las demoras en los vuelos, se resolvió hacer un plenario la semana del 13 de julio para poder firmar un dictamen.
La propuesta de la realización del plenario surgió de la secretaria de la Comisión, Graciela Di Perna. Es que ella presidió dado que el presidente José Manuel Cano fue uno de los que no pudo llegar, varado en su provincia. El plenario será entre las comisiones de Salud, Legislación General, Población, Derechos y Garantías y Ciencia y Tecnología, todas las áreas a las que el proyecto tiene giro.
La iniciativa, presentada en el 2008, pertenece a Elena Corregido y tiene por objeto “proteger la vida humana”. “Es una cuestión de justicia social porque las víctimas de las prácticas médicas de investigación no controladas son personas pobres que no saben como oponerse a los grandes laboratorios”, explicó la legisladora.
Luego comenzó el debate entre los especialistas en bioética invitados. Juan Carlos Tealdi, el director del Programa de Bioética y Comité de Ética del Hospital de Clínicas y que participó de la elaboración del proyecto señaló que “el objeto es la protección de los derechos de las personas que trabajan en investigaciones biomédicas”. Aclaró también que lo que se pretende es crear un sistema nacional que pueda evaluar las investigaciones desde un punto de vista ético.
Por su parte, Luis Justo, médico y editor de la revista Red Bioética, remarcó lo que él mismo llamó “dos puntos políticos”. El primero es que, de acuerdo con el especialista, de aprobarse la ley existiría mayor soberanía en el país. “Existe la importación de la investigación biomédica. Así, los países centrales hacen un uso abusivo sobre las personas de los países periféricos que se prestan a los experimentos”, denunció y puso en claro que con la aprobación de la iniciativa “lo que se exige es un estándar universal. No puede ser que haya cosas que en otros países no se puedan hacer y acá sí en cuento a experimentación”.
El segundo punto político marcado por Justo es que “la investigación tiene que tener relevancia y pertinencia”. Es decir, sólo se permitirán investigaciones que tengan que ver con la salud de los argentinos.
El médico pediatra Leandro Gambas, del Hospital Cepsi de Santiago del Estero, fue quien ejemplificó lo que sucede cuando una investigación no está controlada. Según relató, las madres santiagueñas durante la investigación por una vacuna sufrían un avasallamiento permanente de parte de los laboratorios y de directivos del hospital para que permitieran que sus hijos fueran tomados como sujetos de experimentación.
“Esta legislación no tiene que ver con regular la investigación sino con proteger a los sujetos”, sostuvo Juan Carlos Celhay, médico ginecólogo del Hospital Narciso López de Lanús y recordó que los sujetos que aceptan someterse a esas prácticas suelen ser parte de “una población altamente vulnerable”. Además hizo hincapié en que en la provincia de Buenos Aires existe una ley de 1990 pero que se reglamentó recién en el 2008.
La Comisión de Salud del Senado debatió hoy un proyecto para regular las investigaciones biomédicas que utilicen a personas para experimentar, pero como la mayoría de los senadores no pudieron asistir por las demoras en los vuelos, se resolvió hacer un plenario la semana del 13 de julio para poder firmar un dictamen.
La propuesta de la realización del plenario surgió de la secretaria de la Comisión, Graciela Di Perna. Es que ella presidió dado que el presidente José Manuel Cano fue uno de los que no pudo llegar, varado en su provincia. El plenario será entre las comisiones de Salud, Legislación General, Población, Derechos y Garantías y Ciencia y Tecnología, todas las áreas a las que el proyecto tiene giro.
La iniciativa, presentada en el 2008, pertenece a Elena Corregido y tiene por objeto “proteger la vida humana”. “Es una cuestión de justicia social porque las víctimas de las prácticas médicas de investigación no controladas son personas pobres que no saben como oponerse a los grandes laboratorios”, explicó la legisladora.
Luego comenzó el debate entre los especialistas en bioética invitados. Juan Carlos Tealdi, el director del Programa de Bioética y Comité de Ética del Hospital de Clínicas y que participó de la elaboración del proyecto señaló que “el objeto es la protección de los derechos de las personas que trabajan en investigaciones biomédicas”. Aclaró también que lo que se pretende es crear un sistema nacional que pueda evaluar las investigaciones desde un punto de vista ético.
Por su parte, Luis Justo, médico y editor de la revista Red Bioética, remarcó lo que él mismo llamó “dos puntos políticos”. El primero es que, de acuerdo con el especialista, de aprobarse la ley existiría mayor soberanía en el país. “Existe la importación de la investigación biomédica. Así, los países centrales hacen un uso abusivo sobre las personas de los países periféricos que se prestan a los experimentos”, denunció y puso en claro que con la aprobación de la iniciativa “lo que se exige es un estándar universal. No puede ser que haya cosas que en otros países no se puedan hacer y acá sí en cuento a experimentación”.
El segundo punto político marcado por Justo es que “la investigación tiene que tener relevancia y pertinencia”. Es decir, sólo se permitirán investigaciones que tengan que ver con la salud de los argentinos.
El médico pediatra Leandro Gambas, del Hospital Cepsi de Santiago del Estero, fue quien ejemplificó lo que sucede cuando una investigación no está controlada. Según relató, las madres santiagueñas durante la investigación por una vacuna sufrían un avasallamiento permanente de parte de los laboratorios y de directivos del hospital para que permitieran que sus hijos fueran tomados como sujetos de experimentación.
“Esta legislación no tiene que ver con regular la investigación sino con proteger a los sujetos”, sostuvo Juan Carlos Celhay, médico ginecólogo del Hospital Narciso López de Lanús y recordó que los sujetos que aceptan someterse a esas prácticas suelen ser parte de “una población altamente vulnerable”. Además hizo hincapié en que en la provincia de Buenos Aires existe una ley de 1990 pero que se reglamentó recién en el 2008.
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