Fuente: elpais.com
El comité de Peticiones del Parlamento Europeo "presionará" para que sean compensadas
Manuel Bioque, afectado por talidomida. / carlos rosillo
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha escuchado este martes a afectados por la talidomida
españoles y ha decidido "urgir" a las autoridades españolas para que
compensen a los pacientes afectados por este fármaco, que provocó el
nacimiento de bebés con malformaciones en las extremidades en los años
sesenta. La presidenta de la comisión, Cecilia Wilkstrom, anunció que
"presionará" para conseguirlo, aunque reconoce que no tiene competencias
en materia de indemnizaciones
El portavoz de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), José Riquelme López, denunció frente a los eurodiputados que la mayoría de víctimas en España "se han visto obligadas a vivir de las ayudas familiares, de la Iglesia, de la caridad y hasta de la mendicidad". También pidió "auxilio al Parlamento Europeo" para resolver este problema "de primer orden". Riquelme aseguró que, a diferencia de otros países de la UE, donde el fármaco fue retirado en 1962, en España se pudo comprar hasta el año 1978.
Durante su intervención lamentó que "la reacción de otros países no
tiene nada que ver con España". "Cientos de afectos españoles se han
muerto sin un reconocimiento como víctima ni una pensión o
indemnización", añadió.
Los miembros de la comisión han acordado enviar una carta al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para interesarse por las medidas de compensación que España ha tomado hasta el momento y para "urgir" a las autoridades nacionales a adoptar iniciativas en favor de los pacientes afectados. La comisión de Peticiones también ha acordado escribir al comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis. "La Unión Europea no puede intervenir", recordó por su parte el representante de la Comisión Europea, que añadió que la competencia sobre indemnizaciones es nacional.
"Los europarlamentarios de todos los colores políticos van a pedir al Gobierno español que se siente a negociar ya, con carácter inmediato, con la asociación, para buscar soluciones", explica al teléfono desde Bruselas Riquelme. "No es una cuestión ya de justicia o de solidaridad, sino de derechos humanos. Estamos sufriendo un trato discriminatorio con respecto a otros países europeos", añade. Los afectados están contentos, asegura, porque el comité ha asegurado que "no se va a quedar ahí, van a hacer un seguimiento para ver si el Gobierno reacciona o no". Incluso se ha hablado de sanciones, dice.
El primer juicio en España por el caso de la talidomida, un fármaco patentado en 1955 por Grünenthal en Alemania como tranquilizante, pero que era administrado también como calmante de las náuseas del embarazo, se celebró en octubre de 2013. Una serie de nacimientos de bebés con graves malformaciones, sobre todo acortamiento o falta de extremidades, destapó que el fármaco no era seguro.
Unos 3.000 de aquellos niños nacieron en España y unos 300 siguen vivos, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), que llevó a juicio a Grünenthal. En el proceso, 186 afectados pidieron 204 millones al laboratorio, a razón de 20.000 euros por punto de discapacidad.
La Audiencia de Madrid revocó en octubre de 2014 la condena al laboratorio alemán Grünenthal por las malformaciones causadas por este fármaco en mujeres que lo tomaron contra las náuseas del embarazo y anuló el pago de la indemnización a las víctimas que, durante el juicio, habían reclamado 204 millones de euros por los daños sufridos. Consideró que la demanda contra la farmacéutica había prescrito. Avite ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Eurodiputados españoles de distintos partidos señalaron durante sus intervenciones que es necesario solucionar la situación. Rosa Estarás (PPE) destacó que este "es un problema europeo, no solo español" y reclamó que "cuanto antes se adopte una resolución ante esta situación vejatoria y denigrante en España". Soledad Cabezón (S&D) instó a "impulsar la voluntad política" y solicitó al Gobierno español que se reúna con la asociación de afectados y establezca diálogo con ellos.
Por su parte, Ángela Vallina (GUE) aseguró que "es el momento de tomar una decisión y llegar a una solución". El eurodiputado Josep Maria Terricabras (Greens/EFA) consideró "escandaloso" que no se compense a los afectados y propuso sancionar a aquellas administraciones -entre ellas la española- que "siguieron dando permiso para vender el fármaco" a pesar de conocer sus efectos secundarios.
Otros eurodiputados señalaron que el problema de indemnizaciones a afectados por este fármaco también existe en países como Suecia o Italia.
El portavoz de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), José Riquelme López, denunció frente a los eurodiputados que la mayoría de víctimas en España "se han visto obligadas a vivir de las ayudas familiares, de la Iglesia, de la caridad y hasta de la mendicidad". También pidió "auxilio al Parlamento Europeo" para resolver este problema "de primer orden". Riquelme aseguró que, a diferencia de otros países de la UE, donde el fármaco fue retirado en 1962, en España se pudo comprar hasta el año 1978.
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Los miembros de la comisión han acordado enviar una carta al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para interesarse por las medidas de compensación que España ha tomado hasta el momento y para "urgir" a las autoridades nacionales a adoptar iniciativas en favor de los pacientes afectados. La comisión de Peticiones también ha acordado escribir al comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis. "La Unión Europea no puede intervenir", recordó por su parte el representante de la Comisión Europea, que añadió que la competencia sobre indemnizaciones es nacional.
"Los europarlamentarios de todos los colores políticos van a pedir al Gobierno español que se siente a negociar ya, con carácter inmediato, con la asociación, para buscar soluciones", explica al teléfono desde Bruselas Riquelme. "No es una cuestión ya de justicia o de solidaridad, sino de derechos humanos. Estamos sufriendo un trato discriminatorio con respecto a otros países europeos", añade. Los afectados están contentos, asegura, porque el comité ha asegurado que "no se va a quedar ahí, van a hacer un seguimiento para ver si el Gobierno reacciona o no". Incluso se ha hablado de sanciones, dice.
El primer juicio en España por el caso de la talidomida, un fármaco patentado en 1955 por Grünenthal en Alemania como tranquilizante, pero que era administrado también como calmante de las náuseas del embarazo, se celebró en octubre de 2013. Una serie de nacimientos de bebés con graves malformaciones, sobre todo acortamiento o falta de extremidades, destapó que el fármaco no era seguro.
Unos 3.000 de aquellos niños nacieron en España y unos 300 siguen vivos, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), que llevó a juicio a Grünenthal. En el proceso, 186 afectados pidieron 204 millones al laboratorio, a razón de 20.000 euros por punto de discapacidad.
La Audiencia de Madrid revocó en octubre de 2014 la condena al laboratorio alemán Grünenthal por las malformaciones causadas por este fármaco en mujeres que lo tomaron contra las náuseas del embarazo y anuló el pago de la indemnización a las víctimas que, durante el juicio, habían reclamado 204 millones de euros por los daños sufridos. Consideró que la demanda contra la farmacéutica había prescrito. Avite ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Eurodiputados españoles de distintos partidos señalaron durante sus intervenciones que es necesario solucionar la situación. Rosa Estarás (PPE) destacó que este "es un problema europeo, no solo español" y reclamó que "cuanto antes se adopte una resolución ante esta situación vejatoria y denigrante en España". Soledad Cabezón (S&D) instó a "impulsar la voluntad política" y solicitó al Gobierno español que se reúna con la asociación de afectados y establezca diálogo con ellos.
Por su parte, Ángela Vallina (GUE) aseguró que "es el momento de tomar una decisión y llegar a una solución". El eurodiputado Josep Maria Terricabras (Greens/EFA) consideró "escandaloso" que no se compense a los afectados y propuso sancionar a aquellas administraciones -entre ellas la española- que "siguieron dando permiso para vender el fármaco" a pesar de conocer sus efectos secundarios.
Otros eurodiputados señalaron que el problema de indemnizaciones a afectados por este fármaco también existe en países como Suecia o Italia.
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