Fuente: lanacion.com
Uno de los principales obstáculos que enfrentó el sector salud este año fue el freno a las investigaciones clínicas que se realizaban en el país.
Al momento del fallo había 124 investigaciones clínicas y 235 estudios epidemiológicos inscritos.
Desde enero pasado, un fallo de la Sala Constitucional imposibilita a los investigadores médicos ticos a plantear nuevas investigaciones en seres humanos hasta que no se apruebe una ley que las regule.
La decisión puso en jaque a los nuevos proyectos para buscar medicinas, probar procedimientos o hacer estudios sobre diferentes enfermedades. Hoy, solo continúan vigentes las investigaciones médicas que se estaban haciendo al momento de la resolución.
Historial. El fallo que estancó estos estudios data del 27 de enero del 2010. El mismo anuló el decreto mediante el cual el Ministerio de Salud autorizaba las investigaciones en humanos. Hasta entonces, todos los ensayos eran regulados por el Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis).
La resolución se dio tras un recurso de inconstitucionalidad presentado en el año 2000 por el exdiputado José Miguel Corrales, quien planteaba la necesidad de una ley para normar la parte científica.
“Este tipo de experimentos eran regulados por un reglamento, pero hacía falta una ley, algo que se discutiera por los 57 diputados y no por los ministros o presidentes. El paciente que participa de estos experimentos debe tener información y un seguimiento de su estado de salud”, expuso Corrales a La Nación.
En veremos. Los encargados de realizar proyectos para probar posibles vacunas, medicamentos y procedimientos médicos tuvieron que buscar otros países para continuar con su trabajo. Ello, según los investigadores ticos, es “un retroceso y un bloqueo para los talentos científicos”.
“Los proyectos han migrado a países como México, Brasil, Chile o Argentina. Mientras no exista una regulación en el país, Costa Rica y sus centros de investigación no serán tomados en cuenta como participantes en nuevos estudios”, explicó el médico e investigador Adriano Arguedas.
Debido a esta situación, las universidades públicas han tenido que establecer proyectos de cooperación con otros países para llevar a cabo sus ensayos clínicos.
“En los casos en los que hay que tomar muestras de pacientes hemos tenido que recurrir a la cooperación internacional”, explicó Henning Jessen, vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Los científicos tienen puesta la esperanza en un nuevo proyecto de ley que ya hace fila en la Asamblea Legislativa, pero aseguran que los organismos que financian los estudios se sienten inseguros ante el panorama. “Hay preocupación en los entes que financian los ensayos porque no saben si vamos a poder cumplir con las propuestas que enviamos. Eso nos preocupa porque podrían negarnos los fondos”, dijo Henriette Raventós, investigadora de la Escuela de Biología de la UCR.
Por su parte, Alicia Fournier, diputada de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa –encargada de ver el nuevo proyecto de ley–, afirmó que la iniciativa podría dictaminarse en la primera mitad de enero y estudiarse en el plenario durante el primer cuatrimestre del 2011.
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