lunes, 27 de agosto de 2012

PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS: FALTA REGLAMENTACIÓN

 Fuente: www.rionegro.com.ar
Para la presidenta Cristina Kirchner "esta iniciativa debe ser una política de Estado". En el Ministerio de Salud de la Nación se refirieron a acciones emprendidas desde el 2008, enmarcadas en "el espíritu de la ley 26688"

Los antecedentes y motivos que justificarían "una buena reglamentación de la ley 26688 de producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos" (PPM), promulgada el 29 de julio de 2011, fueron reseñados por el Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología (Ggpecyt). Integrado por personas y entidades interesadas en la buena aplicación social de los conocimientos científicos y tecnológicos (CyT), subrayaron lo siguiente:
• La PPM comenzó en 1948, cuando Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Argentina, creó el laboratorio Especialidades Medicinales del Estado (Emesta) "con la finalidad de que toda la población tuviera acceso a medicamentos de buena calidad y bajo costo".
• Ahora existen 39, pertenecientes a diferentes jurisdicciones.
• La mayoría de esos laboratorios surgió por "las dificultades presupuestarias del sector público para afrontar la compra de medicamentos".
• En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la coordinación de la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología, quedó formada la Red Nacional de Laboratorios Públicos (Relap), con alrededor de 25, en septiembre del 2007. Los objetivos fueron "centralizar las compras, coordinar las producciones a nivel nacional y evitar las superposiciones y, además, encarar investigaciones y desarrollos mediante convenios con universidades y organismos CyT".


• El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acordó asesorar a la Relap en más de 30 rubros.
• El Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de su resolución 286/2008, adoptó esos objetivos, que "luego, lamentablemente, se fueron diluyendo".
Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que "esa iniciativa debe ser una política de Estado", el Ggpecyt advirtió que la Nación no consultó a quienes trabajan para lograr "una reglamentación amplia y adecuada". Sin embargo, en la cartera de Salud argumentaron que, "de hecho, la ley ya se aplica" y, "progresivamente, las compras para los programas del ministerio se hacen a laboratorios públicos".
La Relap consideró imprescindibles tales consultas por las restricciones a las importaciones, como las de vacunas BCG y Doble (difteria/ tétanos), no obstante fabricarse desde hace más de cuatro décadas en el Instituto Biológico (IB) de La Plata, dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no obtuvo los fondos para adecuarse a las normas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para el tráfico federal, motivo por lo cual sus vacunas se aplican sin problemas en el territorio bonaerense, pero no en otras jurisdicciones. El IB estuvo prácticamente desactivado y volvió a funcionar con el subsidio de 2,3 millones de dólares otorgado por la presidenta. Asimismo, dichas vacunas se elaboran en el capitalino Malbrán, que tampoco reúne los requisitos de la Anmat. Ambos establecimientos fueron reconocidos por la Organización Mundial de Salud (OMS).
La facturación total de la industria farmacéutica, compuesta por 230 laboratorios, ascendió a 17.901,4 millones de pesos en el 2011 (ver infografía), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En tanto, la balanza comercial, teniendo en cuenta las compras en el exterior (las mayores a Alemania, Estados Unidos, Suiza, Francia y Brasil) y las exportaciones (principalmente a Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile y Panamá), tuvo un déficit de 3.026,7 millones de pesos. Esto ocurrió pese a las limitaciones de las importaciones impuestas por la Secretaría de Comercio, que ocasionaron faltantes de psicofármacos, antibióticos e insumos.
Con la ley de prescripción de genéricos, los laboratorios nacionales retomaron la iniciativa desde el 2002 y los de menor escala relativa se recuperaron al competir con sus precios; últimamente, concentrarían el 60% de las ventas. Por otra parte, los multinacionales suspendieron fabricaciones locales e importaron mayormente desde Estados Unidos, Alemania y Suiza, donde se encuentran sus casas matrices.
Las características de la industria farmacéutica fueron analizadas por Cristina Bramuglia, Cristina Godio y Rosana Abrutzky, en un proyecto encarado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Advirtieron que "el dilema actual para el Estado es financiar a la industria nacional privada o coordinar/diseñar un plan de desarrollo conjunto entre los organismos pertenecientes al complejo CyT que posean laboratorios para articular investigación farmacológica básica estatal y la producción de medicamentos para más del 50% de la población argentina sin cobertura médica excepto la pública". Las investigadoras destacaron la iniciativa de impulsar la PPM en el 2008, cuando de alrededor de 40 laboratorios públicos y seis farmacias de hospitales que elaboraban principios activos no llegaban a la decena los habilitados por la Anmat y los demás sólo contaban con autorizaciones provinciales o municipales. Esto, sin olvidar que había farmacias de hospitales que preparaban recetas magistrales para los pacientes allí atendidos.
Desde que se creó la Relap se planteó que sus componentes abastecerían a los hospitales, los centros de salud y los programas nacionales, como el Nacer, el Profe y Remediar+Redes (este último suministra medicamentos esenciales a todos los centros de atención primaria del país).
Los laboratorios de PPM fabrican por lo general aquellos remedios esenciales, sueros antiofídicos y tuberculostáticos, pero no los de alto costo, como los tumorales y para el tratamiento del VIH.
La propiedad intelectual de los medicamentos estuvo y está signada por enfrentamientos entre las entidades gremiales representativas de los laboratorios nacionales y los extranjeros. Abrutzky, Bramuglia y Godio observaron que los grandes, en general del exterior, produjeron imitaciones y que los locales implementaron innovaciones menores. Aquí se estudió a fondo el desenvolvimiento de la empresa estatal brasileña Farmanguinhos, que formuló gran cantidad de medicamentos pese a no elaborar básicos y a la que se los adquirieron con fines sociales para distribuirlos y repartirlos gratuitamente o a "bajísimos" precios.
Como el Ggpecyt recibió, el 31 de julio, un informe del Ministerio de Salud de la Nación acerca de la relación entre esa cartera y la PPM, consideró conveniente trazar la secuencia de los hechos que se indica:
• El grupo envió un informe a Cristina Kirchner el 21 de marzo de 2012 para plantear la importancia de la PPM, como indica la ley 26688, y comentarle que aún no había sido reglamentada. El mismo fue canalizado a través de Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia.
• Al otro día, Parrilli lo derivó a Juan Manzur, ministro de Salud, quien el 28 recurrió a Gabriel Yedlin, secretario de Políticas, Regulación e Institutos, para solicitar las comunicaciones técnicas pertinentes a Tomás Pippo Briant, director de Economía de la Salud, y a Jorge Zarzur, director ejecutivo de PPM.
• Por indicación de Manzur, el 31 de julio pasado se enviaron copias de esas comunicaciones al Ggpecyt. Una reconoció que "la PPM es una herramienta de política pública importante para promover el acceso a los medicamentos esenciales por parte de la población". Otra subrayó que "todas las acciones que lleva adelante este programa desde el 2008 al presente están enmarcadas en el espíritu de la ley 26688" y que existe una "fluida y dinámica interacción entre la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos, a través del programa para la PPM, y los sectores del ámbito público (productores, fiscalizadores, sectores científicos y tecnológicos)".
Entre los resultados alcanzados, se mencionaron:
• Más habilitaciones de laboratorios de PPM en la Anmat para elaborar otros productos.
• Los registros en la Anmat pasaron de 11 productos en el 2003 a 102 en el 2011, con 41 certificados de primer lote productivo en el 2010 (alrededor del 50%), vinculados con las especialidades de mayor demanda
• Entre el 2003 y el 2011 la producción en unidades aumentó el 700% y hubo mayores inversiones en equipamiento y automatización.
• Atención con medicamentos de los laboratorios de PPM a los programas oficiales Remediar, Zoonosis (hidatidosis y rabia canina) y Maternidad e In- fancia.
El Ggpecyt insistió en que "sería importante que el ministerio concretara una reglamentación amplia, precisa y adecuada a las necesidades de la ley 26688 (…). Implicaría, aparte de la ampliación de la lista de medicamentos y la incorporación de otros insumos, la vinculación de la cartera con la Relap para definir los principios activos que se podrían sintetizar, en vez de importarlos". Esto permitiría posteriormente articular con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el INTI la búsqueda de investigadores para abordar tales proyectos y así transferirlos al sector público.
El artículo 12 de la ley 26688 sostiene que el régimen de PPM "debe ser solventado con las partidas específicas correspondientes a la jurisdicción 80 –Ministerio de Salud–, de acuerdo con lo establecido por el presupuesto general para la administración pública nacional". Sin embargo, no resulta posible disponer de las mismas por no estar reglamentada la ley.
Miguel Ángel Fuks miguelangelfuks@yahoo.com.ar

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