Fuente: www.nacion.com
Hace 15 meses, la Sala Constitucional frenó la investigación clínica en Costa Rica cuando determinó la insuficiencia de un simple decreto para regular una actividad tan delicada. La Sala no se pronunció contra las investigaciones médicas con seres humanos. Se limitó a señalar la necesidad de una ley y la iniciativa quedó, entonces, en manos del Ejecutivo y el Congreso. El primero se apuró a presentar un proyecto de ley. El segundo lleva otro paso.
La urgencia de la normativa no solo se relaciona con el desarrollo de la industria, sino también con la difusión del conocimiento científico. Por esa razón, la insistencia en apurar el paso del proyecto de ley no proviene exclusivamente de las compañías farmacéuticas. La Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico y la Academia Nacional de Ciencias se suman a las empresas privadas y al Ministerio de Comercio Exterior para solicitar la aprobación del nuevo marco legal.
En algunos casos, el apoyo viene con coletillas cuya aprobación dañaría la competitividad u otorgaría un papel rector a entidades que deberían contentarse con la sola oportunidad de aprovechar las nuevas posibilidades, pero hay un amplio acuerdo en los aspectos esenciales, incluidos los protocolos de seguridad y confidencialidad diseñados para proteger a los participantes en los estudios.
El tema, sin embargo, se ha demonizado. Con frecuencia, la investigación clínica es presentada como la búsqueda de conejillos de Indias en el tercer mundo para beneficio de opulentas casas farmacéuticas transnacionales. El resultado es lo que Miguel Rojas, coordinador del Centro de Investigación en Biotecnología del Instituto Tecnológico califica de “doble moral”: “Queremos usar medicamentos modernos y eficaces, pero que los prueben en otros países. Eso es difícil de explicar”.
El argumento contra las pruebas también omite mencionar el interés de los investigadores científicos nacionales por participar en el desarrollo de la ciencia, así como los proyectos existentes en centros de estudio costarricenses, incluidas las universidades públicas. En el Tecnológico hay un laboratorio de cultivo de tejidos cuyo objetivo es producir piel para implantes. A falta de un marco legal para trabajar con humanos, lo hacen con perros. Ottón Fernández, director de posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, lamenta verse limitado a la investigación de laboratorio. “Nos quedamos cortos”, declara con evidente frustración.
Los efectos benéficos de la investigación clínica no se restringen al avance de la ciencia en general ni a su impacto sobre grandes poblaciones una vez aprobados los productos. También permiten a los pacientes participantes tener acceso a fármacos avanzados cuando todavía hay tiempo para esperar efectos favorables de su suministro.
Desde la perspectiva económica, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, señala el enorme potencial de la actividad para atraer inversiones a un país donde las instituciones de educación superior y centros de investigación como el Cenibiot, el Instituto Clodomiro Picado y el INBio ya tienen capacidades desarrolladas y camino recorrido.
El esperado marco legal serviría, según la ministra, para atraer inversiones aún más sofisticadas en el campo de las ciencias de la salud, que ya aportaron la quinta parte de las exportaciones en el 2010, con ¢2.132 millones, y crecieron un 50% en el primer cuatrimestre del 2011 en relación con el mismo periodo del año anterior.
La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa ya dio su respaldo unánime al proyecto de ley. El plenario haría bien en constatar su conformidad con la normativa internacional, y si no hay discrepancias, someterlo a votación para beneficio de los pacientes, la industria y los investigadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Haga su comentario aquí. El mismo será publicado pero no podrá ser respondido
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.