LA ODISEA DE LOS PACIENTES MENTALES

Micaela Urdinez
LA NACION

Pablo, un joven de 23 años con síndrome de Down y psicosis, está internado en un neuropsiquiátrico desde 2010 y no consigue un hogar o geriátrico que lo reciba. Marcela, una chica de 19 años, con deficiencia mental, vive en la calle y tiene una hija de seis meses de la que no puede hacerse cargo. Un bebe nace con retraso madurativo y su madre de bajos recursos decide abandonarlo.
Todos estos casos evidencian una realidad que se agudiza cada día: las personas con discapacidad intelectual que por algún motivo no pueden vivir con su familia de origen tienen serias dificultades para encontrar nuevas familias o instituciones que les brinden los cuidados que necesitan.


Según datos estimativos del gobierno porteño, existen 2000 camas en la ciudad de Buenos Aires destinadas a pacientes con problemáticas mentales. La mitad de estos pacientes provienen de la provincia de Buenos Aires y el Tobar García es el único hospital especializado para niños y adolescentes, con sólo 60 camas y un promedio de internación de 45 a 60 días.
"Es angustiante para una madre tener que dejar a un muchacho indefenso en una institución que, si bien hizo médicamente lo que debía, no tiene las condiciones de infraestructura para alojar a una persona con discapacidad. Los neuropsiquiátricos que cubren las obras sociales, cuando lo hacen, son hacinamientos de personas con diferentes problemáticas, todas mezcladas: adictos en recuperación, abuelos con demencia, alcohólicos, mujeres con depresión, jóvenes esquizofrénicos... Y ahí, en medio del humo, los gritos, la ansiedad y la compulsión, se encuentra mi hijo", señala desesperada Silvia, la madre de Pablo.
Marcela, por su parte, quedó embarazada en un encuentro ocasional. Hace tres años se vino a vivir a la ciudad desde Mar del Plata y pasa sus días en la calle. "Lo grave es que esa madre nunca va a poder criar a su hija. Nadie se quiere animar a internarla a la fuerza, cuando el lugar adecuado, que sería un hogar para madres con deficiencia mental con hijos, no existe", señala Alejandro Molina, ex asesor de Menores e Incapaces de la Cámara Civil porteña.
Cuando llega un hijo con discapacidad intelectual a una familia, existen diferentes escenarios: que esa familia consiga armar una red de contención en función de sus posibilidades y mantenerlo en su seno; que por diferentes motivos no consiga organizarse y tenga que internarlo en alguna institución, pero esté en contacto permanente con su hijo, o que la familia se desentienda de ese chico y lo abandone. "Históricamente, éste es un tema muy complejo, porque cuando el paciente mental es abandonado siendo menor de edad, se genera un drama tremendo. Si no encuentra algún sistema familiar sustitutivo temprano, su destino es completamente incierto", sostiene Molina.
En cada caso, el juez analiza la situación particular del menor y se contempla si está en condiciones de ser adoptado, si es mejor tenerlo bajo el cuidado de una familia sustituta o enviarlo a un hogar. Según la legislación actual, que prioriza el desarrollo de los menores de edad en un seno familiar, la primera opción de los jueces siempre es buscar una familia adoptiva. "Seamos honestos, las familias difícilmente se hacen cargo de una persona con discapacidad intelectual y pocas son las que aceptan en adopción a un niño en esas condiciones", señala Martina Antonini, integrante del Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato de Menores (Epamm).
Lucas Aón, juez de familia, tiene que luchar cotidianamente con la dificultad para encontrar familias con la suficiente preparación y disposición para recibir a estos chicos. En algunos casos, incluso cuando hacen el intento de adoptarlos, los resultados no son los esperados porque las patologías son demasiado severas. "Cuando nos llega un caso, primero recurrimos a las listas del Registro Unico de Adoptantes, después hacemos una búsqueda a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y también hemos hecho búsquedas solidarias por medio de la prensa que han tenido excelentes resultados", sostiene Aón.
El hecho de que las organizaciones sociales especializadas en adopción -que contribuían de manera esencial en la conformación de nuevas familias- hayan perdido la potestad de presentar carpetas con candidatos a adoptar ha llevado a que los jueces tengan menos opciones para ubicar a estos chicos. "La Secretaría trabaja muy bien, pero no es lo único que hace. Cuando se trabajaba con estos equipos privados, teníamos más posibilidades y se hacía más rápido", agrega Aón.
Lo definitivo, cuanto antesTodos los especialistas coinciden en que es fundamental hacer lo imposible por conseguir una familia definitiva cuanto antes para los chicos. De esta manera, también se estaría reduciendo el número de personas adultas que en un futuro necesiten estar institucionalizadas.
Las causas por las cuales una persona adulta con discapacidad mental necesita un lugar que lo contenga son variadas. Además del abandono familiar, también puede suceder que esos padres fallecen y no queda ningún otro familiar para hacerse cargo, o que la familia exista, pero que por la gravedad de su patología, esta persona necesite de cuidados médicos que obliguen a una internación. "Lo cierto es que no alcanzan la cantidad de hogares para toda esa demanda", explica Aón.
Más allá de la falta de oferta de lugares por parte de los entes gubernamentales, hay varias organizaciones sociales que -aunque en pequeña escala- demuestran que es posible brindar nuevos hogares a estas personas necesitadas. Allí desarrollan actividades durante el día, aprenden oficios, hacen deportes y retornan luego a ésas, sus casas, para vivir en un entorno lo más parecido a una familia. "Hay lugares muy buenos como El Arca, el Instituto Pinep, la Fundación Nosotros, el Centro de Día Despertar, Seguir Creciendo, Amar y otras instituciones pertenecientes a las iglesias, en especial a la Católica, como el Cottolengo", dice Antonini.
¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Los especialistas señalan que es fundamental destinar más presupuesto al área e invertir en mejorar los establecimientos existentes y en la especialización del personal, además de aumentar el Estado el número de convenios con hogares y adoptar una política de creación de instituciones propias más personalizadas.