Fuente: www.abc.es
Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid juzga desde hoy a los responsables de comercializar el controvertido «anticáncer» Bio-Bac. La Fiscalía aseguró que el producto causó un «evidente peligro» a las 2.030 personas que lo consumieron. El Bio-Bac era un producto sin autorización sanitaria que se ofrecía como si fuera un medicamento para el tratamiento de enfermedades como el VIH, distintos tipos de cánceres, hepatitis o enfermedades articulares reumatológicas.
Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid juzga desde hoy a los responsables de comercializar el controvertido «anticáncer» Bio-Bac. La Fiscalía aseguró que el producto causó un «evidente peligro» a las 2.030 personas que lo consumieron. El Bio-Bac era un producto sin autorización sanitaria que se ofrecía como si fuera un medicamento para el tratamiento de enfermedades como el VIH, distintos tipos de cánceres, hepatitis o enfermedades articulares reumatológicas.
El principal acusado es Rafael Chacón, para quien el fiscal, en sus conclusiones provisionales, pide cinco años y medio de cárcel por dos delitos contra la salud pública
y un delito relativo a los consumidores por el registro, distribución y
venta del Bio-Bac. En el banquillo también se sentarán el farmacéutico Miguel Echenique, el biólogo Enrique Martínez y la secretaria Consuelo Serdio, por los mismos delitos. Se enfrentan a penas que oscilan entre los tres y los dos años y medio de cárcel.
«El Bio-Bac lo recomendaron los médicos. Por primera vez en
España, cuando se requisaron los frascos, los pacientes salieron a la
calle para pedirlo», ha destacado Antonio Muro, portavoz del principal
imputado. «Eran los pacientes quienes decían que les ayudaba, no Rafael.
Él nunca recomendó a los pacientes que lo abandonaran», ha dicho.
Bio-Bac se puso a disposición del público en 1997, después
de que Rafael Chacón (hijo de Fernando Chacón Mejías, creador del
Bio-Bac) constituyera en 1993 una empresa para comercializarlo. Para su
fabricación, el procesado entró en contacto con la empresa de
Laboratorios e Industrias IVEN, que únicamente estaba autorizada para elaborar productos veterinarios.
El Bio-Bac se enviaba a una finca propiedad del principal acusado,
donde personal del servicio doméstico, sin preparación alguna en
manipulación de fármacos, lo envasaba, etiquetaba y almacenaba.
A todos los pacientes Rafael Chacón les aseguraba en la
página web desde la que se vendía el producto que la efectividad de
Bio-Bac era mayor si los enfermos abandonaban el tratamiento de la medicina convencional y se confiaban a las virtudes terapéuticas de su producto.
Operación «Brujo»
El caso arrancó en octubre de 2002, cuando la Guardia Civil, en el marco de la operación «Brujo», detuvo a 23 personas,
de las que trece eran médicos y a los que se acusó de delitos contra la
salud pública, intrusismo profesional, estafa y tenencia ilícita de
armas. Al estallar el escándalo, Chacón acusó a Sanidad de estar detrás
de lo que consideraba un complot en el que incluía a la industria farmacéutica. Ahora, su defensa pide la absolución por entender que Bio-Bac es «inocuo» y «beneficioso» para la salud.
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