Fuente: elglobal.net
Por primera vez toda la comunidad del medicamento se ha unido para exigir a las diferentes administraciones sanitarias, tanto central como autonómicas, el mantenimiento de la unidad, cohesión e igualdad de acceso a los medicamentos en España. Y lo han hecho mediante la adhesión de los distintos agentes de la cadena del medicamento a un "Manifiesto por la sostenibilidad y la cohesión de la prestación farmacéutica", en el que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y las patronales de la industria innovadora, Farmaindustria, de la de medicamentos genéricos, Aeseg, y de la distribución, Fedifar, muestran su rechazo a las diferentes iniciativas adoptadas o anunciadas por algunas comunidades autónomas, que ponen restricciones a esa prestación farmacéutica.
A este respecto, farmacéuticos, distribuidores y fabricantes de medicamentos innovadores y genéricos manifiestan en siete puntos su disconformidad con el devenir de unos acontecimientos que, según precisan en el manifiesto, perjudican de manera grave al sector. Así, consideran que todos ellos están ya realizando una contribución extraordinaria a la sostenibilidad económica del SNS como consecuencia del efecto directo de los dos RDL aprobados en marzo y mayo de 2010, que se suma a las aportaciones que desde hace años cada sector viene efectuando al SNS, así como a las políticas de precios de referencia puestas en marcha".
Sobre este aspecto, los firmantes ponen una cifra a los dos RDL: un impacto de 2.855 millones de euros anuales (un 14 por ciento de la facturación del sector), una cantidad que consideran que es "la cuota de responsabilidad más alta asumida por un solo sector en el duro ajuste que está sufriendo el gasto público en España". Igualmente, en el documento ponen encima de la mesa otra cifra: la pérdida de 25.000 puestos de trabajo, "de alta cualificación y mayoritariamente femenino", en el conjunto de los tres agentes del sector.
Asimismo, creen que el impacto de las medidas adoptadas tiene consecuencias muy negativas sobre la inversión empresarial y la I+D. "Se trata de un coste elevadísimo en un sector estratégico cuya construcción ha supuesto décadas de inversión privada y pública y cuya recuperación no sería posible sino a muy largo plazo", aseguran.
Iniciativas autonómicasSin embargo, y a pesar de las quejas mostradas por el sector acerca de la aprobación de estas medidas legislativas por parte del Gobierno, el objetivo principal de las críticas que la comunidad del medicamento subraya en este manifiesto son las distintas iniciativas adoptadas recientemente por varias autonomías. Para los firmantes, "determinadas comunidades están adoptando medidas que restringen en su territorio la oferta de medicamentos cubierta por la prestación farmacéutica del SNS, introduciendo diferencias de acceso e inequidades entre los ciudadanos españoles en función de la comunidad en la que residen".
Sobre este particular, el manifiesto pone nombre y apellidos a los causantes de lo que consideran una vulneración de la cohesión de la prestación farmacéutica: el catálogo propio de medicamentos gallego, el proyecto de licitación pública en determinados principios activos y productos sanitarios andaluz, y la supresión de medicamentos en la prescripción electrónica castellanomanchega. Esa diferencia de acceso a los medicamentos en función de donde residen se traduce, según señalan, "en una ruptura de la unidad de mercado y afecta gravemente a las actividades de la industria innovadora y de genéricos, los distribuidores y las oficinas de farmacia".
Para los firmantes, estas iniciativas autonómicas transgreden el marco normativo que establece que la prestación farmacéutica y sus condiciones (cobertura, precios y márgenes) son fijadas por el Ministerio de Sanidad para toda España. Y es que, la comunidad del medicamento considera que los efectos de estas restricciones multiplican los efectos negativos sobre el empleo, la inversión del sector y la I+D que causan los RDL, algo que estiman "abocará al cierre de empresas farmacéuticas, de distribución y farmacias".
Reivindicaciones esencialesAnte esta situación, los firmantes del manifiesto consideran "esencial" que se respeten las competencias del Ministerio de Sanidad "y se vele de forma efectiva por la aplicación de la distribución de competencias para mantener la unidad, cohesión e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica".
Del mismo modo, estiman que los responsables políticos deben evaluar la necesidad de aportar recursos suficientes para financiar adecuadamente la sanidad ya que, según precisan, "los retrasos en los pagos a los proveedores, industria y oficinas de farmacia, están estrangulando el normal desarrollo de su actividad, con consecuencias imprevisibles si esta situación se prolonga más en el tiempo".
Pese a todo, manifiestan que conservan su compromiso de mantener un SNS de la máxima calidad, "que es uno de los grandes activos sociales y económicos con los que cuenta España". Por ello, declaran su disposición "para alcanzar una mejor gobernanza de la prestación farmacéutica". Del mismo modo, expresan su voluntad de defender conjuntamente "el valor del medicamento como fuente de salud en nuestra sociedad y el importante papel que representa cada uno de los agentes en la cadena del medicamento en nuestro sistema".
Por primera vez toda la comunidad del medicamento se ha unido para exigir a las diferentes administraciones sanitarias, tanto central como autonómicas, el mantenimiento de la unidad, cohesión e igualdad de acceso a los medicamentos en España. Y lo han hecho mediante la adhesión de los distintos agentes de la cadena del medicamento a un "Manifiesto por la sostenibilidad y la cohesión de la prestación farmacéutica", en el que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y las patronales de la industria innovadora, Farmaindustria, de la de medicamentos genéricos, Aeseg, y de la distribución, Fedifar, muestran su rechazo a las diferentes iniciativas adoptadas o anunciadas por algunas comunidades autónomas, que ponen restricciones a esa prestación farmacéutica.
A este respecto, farmacéuticos, distribuidores y fabricantes de medicamentos innovadores y genéricos manifiestan en siete puntos su disconformidad con el devenir de unos acontecimientos que, según precisan en el manifiesto, perjudican de manera grave al sector. Así, consideran que todos ellos están ya realizando una contribución extraordinaria a la sostenibilidad económica del SNS como consecuencia del efecto directo de los dos RDL aprobados en marzo y mayo de 2010, que se suma a las aportaciones que desde hace años cada sector viene efectuando al SNS, así como a las políticas de precios de referencia puestas en marcha".
Sobre este aspecto, los firmantes ponen una cifra a los dos RDL: un impacto de 2.855 millones de euros anuales (un 14 por ciento de la facturación del sector), una cantidad que consideran que es "la cuota de responsabilidad más alta asumida por un solo sector en el duro ajuste que está sufriendo el gasto público en España". Igualmente, en el documento ponen encima de la mesa otra cifra: la pérdida de 25.000 puestos de trabajo, "de alta cualificación y mayoritariamente femenino", en el conjunto de los tres agentes del sector.
Asimismo, creen que el impacto de las medidas adoptadas tiene consecuencias muy negativas sobre la inversión empresarial y la I+D. "Se trata de un coste elevadísimo en un sector estratégico cuya construcción ha supuesto décadas de inversión privada y pública y cuya recuperación no sería posible sino a muy largo plazo", aseguran.
Iniciativas autonómicasSin embargo, y a pesar de las quejas mostradas por el sector acerca de la aprobación de estas medidas legislativas por parte del Gobierno, el objetivo principal de las críticas que la comunidad del medicamento subraya en este manifiesto son las distintas iniciativas adoptadas recientemente por varias autonomías. Para los firmantes, "determinadas comunidades están adoptando medidas que restringen en su territorio la oferta de medicamentos cubierta por la prestación farmacéutica del SNS, introduciendo diferencias de acceso e inequidades entre los ciudadanos españoles en función de la comunidad en la que residen".
Sobre este particular, el manifiesto pone nombre y apellidos a los causantes de lo que consideran una vulneración de la cohesión de la prestación farmacéutica: el catálogo propio de medicamentos gallego, el proyecto de licitación pública en determinados principios activos y productos sanitarios andaluz, y la supresión de medicamentos en la prescripción electrónica castellanomanchega. Esa diferencia de acceso a los medicamentos en función de donde residen se traduce, según señalan, "en una ruptura de la unidad de mercado y afecta gravemente a las actividades de la industria innovadora y de genéricos, los distribuidores y las oficinas de farmacia".
Para los firmantes, estas iniciativas autonómicas transgreden el marco normativo que establece que la prestación farmacéutica y sus condiciones (cobertura, precios y márgenes) son fijadas por el Ministerio de Sanidad para toda España. Y es que, la comunidad del medicamento considera que los efectos de estas restricciones multiplican los efectos negativos sobre el empleo, la inversión del sector y la I+D que causan los RDL, algo que estiman "abocará al cierre de empresas farmacéuticas, de distribución y farmacias".
Reivindicaciones esencialesAnte esta situación, los firmantes del manifiesto consideran "esencial" que se respeten las competencias del Ministerio de Sanidad "y se vele de forma efectiva por la aplicación de la distribución de competencias para mantener la unidad, cohesión e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica".
Del mismo modo, estiman que los responsables políticos deben evaluar la necesidad de aportar recursos suficientes para financiar adecuadamente la sanidad ya que, según precisan, "los retrasos en los pagos a los proveedores, industria y oficinas de farmacia, están estrangulando el normal desarrollo de su actividad, con consecuencias imprevisibles si esta situación se prolonga más en el tiempo".
Pese a todo, manifiestan que conservan su compromiso de mantener un SNS de la máxima calidad, "que es uno de los grandes activos sociales y económicos con los que cuenta España". Por ello, declaran su disposición "para alcanzar una mejor gobernanza de la prestación farmacéutica". Del mismo modo, expresan su voluntad de defender conjuntamente "el valor del medicamento como fuente de salud en nuestra sociedad y el importante papel que representa cada uno de los agentes en la cadena del medicamento en nuestro sistema".
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) también manifestó su malestar ante la situación que se produce en varias comunidades, donde se genera una limitación del vademécum de productos farmacoterapéuticos o la implementación de determinadas estrategias de contención del gasto en farmacia que, según manifiestan, "no tienen en cuenta el ejercicio de los profesionales médicos". Por este motivo, y a pesar de precisar que Semergen siempre fomentará e incentivará en todos sus asociados las políticas de sostenibilidad del SNS, "respetando y promocionando la ética y los criterios de evidencia científica", también defienden el derecho a la libertad profesional. En este sentido, inciden en la responsabilidad de la autorregulación de la conducta y actividad médicas. "Responsabilizarse de este autocontrol asegura el derecho del médico a tratar a sus pacientes sin interferencias en su ejercicio profesional", dicen. Asimismo, recuerdan que el ejercicio de la profesión se debe realizar con plena autonomía científico-técnica, "garantizando a los pacientes que el médico al que consulten tenga independencia moral y técnica, así como libertad en la prescripción". Por ello, creen que deben disponer de libertad de prescripción y de las condiciones técnicas que permitan actuar con independencia. Por ello, instan a las administraciones públicas a incrementar el diálogo con los profesionales sanitarios y al Ministerio de Sanidad a liderar un proceso de diálogo y consenso con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales, "para consensuar medidas que afecten a la sostenibilidad del sistema y a la libertad de prescripción farmacoterapéutica".
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